Las 50 muertes de Cosme Fulanito.

Una apasionante investigación judicial que no tiene nada de investigación y mucho menos de judicial.

 

Al señor Cosme Fulanito se lo acusa de 50 homicidios. La denuncia contra Cosme Fulanito empieza con una auditoria que hace el Registro Nacional de las Personas. Lo sorpresivo es que las cinco personas que son auditadas por el registro, resultan estar vivas. Todo un problema para la acusación.

Mientras tanto Clarín y La Nación aseguran que las 50 personas están muertas. Incluso un programa líder de investigación periodística hace un gran programa señalando que una de esas cinco personas solía ir habitualmente a cierto café. Y que hace varios meses que no se lo ve tomar cafés en ese lugar.

La conclusión es evidente: la persona está muerta. Sino seguiría yendo al bar que le gusta a tomar café. El conmovedor relato del dueño del bar, declarando que extraña horrores a su otrora cliente habitual, impacta fuertemente en la conciencia de una parte de la sociedad. Que se horroriza con la ausencia de varios meses del señor que siempre iba a ese bar. Claramente si dejó de ir a ese café, solo cabe concluir que está muerto.

Los abogados de Cosme Fulanito le piden al juez que investiga la denuncia por homicidio de 50 personas, que por favor requiera al Registro Civil los certificados de defunción de las 50 personas que supuestamente había asesinado Don Cosme.  El juez contesta que si tiene que pedir los 50 certificados de defunción, dado que algunas de esas personas vivían realmente lejos del juzgado, la causa se demorará mucho tiempo. Y la sociedad reclama Justicia ya mismo, agrega el juez, no sin razón.

La causa avanza y es elevada a Juicio Oral. Los jueces de la Cámara de Apelaciones y los de la Cámara de Casación comparten el criterio del juez que investiga. El reclamo de justicia de la sociedad por los 50 muertos no puede esperar que se pidan los 50 certificados. En todo caso, que los pidan durante el juicio oral.

En la previa del juicio oral, la defensa de Cosme Fulanito pide nuevamente que le dejen certificar si los 50 muertos están realmente muertos. Y otra vez el tribunal dice que demostrar que si los supuestos muertos están vivos llevará mucho tiempo. Y que el juicio hay que hacerlo lo más rápido posible. Así que deniegan esa certificación.

Mientras tanto aparece un testigo arrepentido que cuenta en otro programa de TV cómo fue parte del asesinato de las 50 personas y dice que hasta apretó alguna vez el gatillo. Explica que no tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas de que Cosme Fulanito asesinó a esas 50 personas. Porque incluso él mismo ayudó a matarlos.

Un tiempo después aparecen los abogados del testigo arrepentido y cuentan cómo fue que el señor arreglo su declaración para acusar a Cosme Fulanito. Y que así logro quedar en libertad por delitos que sí había cometido. Supongo que se trata de un testigo tan arrepentido como desesperado. De hecho, hasta declaran que una abogada le enseñó al testigo algunas técnicas de asesinato que el señor desconocía. Para que pueda contar algo mínimamente verosímil.

Además el Estado se constituye como representante de los 50 muertos. Y le reclama a Cosme Fulanito una verdadera fortuna en carácter de indemnización. La tremenda coincidencia es que el Estado le reclama al tribunal que produzca la misma prueba que había pedido la defensa de Cosme Fulanito. Que se certifique que las 50 personas están muertas.

Leyendo esta historia todos me dirán, acertadamente, que es una locura hacer un juicio por homicidio sin certificar si las personas están vivas o muertas. Es tan disparate como someter a alguien a un juicio por la realización de obras, sin auditar esas obras.  Y hace unos días acá en Palermo, en Recoleta y en Belgrano, escuché unas pocas cacerolas batiéndose para que ese juicio se haga igual.

Porque teniendo el odio, ¿quién necesita las pruebas?

La Corte Suprema recibió una serie de recursos de la defensa de Cosme Fulanito, donde le plantearon que don Cosme estaba por ser sometido a juicio sin que hubiera podido siquiera certificar si las personas de cuyo asesinato es acusado, estaban vivas o muertas. Porque no le habían dejado producir nada de la prueba. La Corte Suprema dijo: “Caramba, qué cosa rara” y pidió los expedientes. Y entonces vino la furia. Los titulares de los diarios gritaban: “Buscan la impunidad de Cosme Fulanito”.

Pero el origen real de la furia –y también de la preocupación— no era la opinión de los que están convencidos que Cosme Fulanito es un asesino. Porque los procesos judiciales son cuestiones de hechos, leyes y pruebas. No de fe ni de convencimiento. Y en el caso de Cosme Fulanito, lo que no hay es precisamente pruebas. Los que con toda discreción pusieron el grito en el cielo fueron los jueces y fiscales que habían permitido el avance de esa causa sin permitir prueba ni defensa. Aunque era una parte de la sociedad la que clamaba que el juicio se haga igual, por debajo de la mesa y a media luz, eran los jueces y fiscales los que le decían a la Corte Suprema que si controlaba el proceso llevado contra Cosme Fulanito, estarían todos en problemas. Reales problemas.

Y hay que señalar que la Corte Suprema ha venido haciéndose la distraída durante tres años y medio sobre los muchos juicios por homicidio donde los muertos gozan de buena salud. Pero supongo que como Cosme Fulanito mide bien en las encuestas, de repente la Corte Suprema despertó un poquito de su larga, casi interminable siesta. Que se parece a la del fauno, pero mucho menos divertida.

Eso es lo que pasó, ni más ni menos. La causa de las obras de Vialidad Nacional ha sido mal investigada. Por jueces y fiscales que han hecho un trabajo pésimo. Pero no parece haber sido un error. Quisieron hacer mal su trabajo. Porque desde diciembre de 2015 a esta fecha, han trabajado con ahínco en perseguir a Cristina Fernández de Kirchner y no en comprobar y mucho menos probar si es culpable.

Y como le pasa a Cosme Fulanito, ningunas de las instancias superiores que deben controlar cómo actúan los jueces de instrucción controló nada. De hecho, y entre nos, creo que colaboraron fuertemente para que esa persecución sucediese. E hicieron invaluables e inconfesables aportes.

Hicieron todo eso con la anuencia silenciosa y dormida de la Corte. Que dejó que sucediese. Y que tampoco controló nada. Hasta hace unos días. Cuando intentó avisar que se había despertado.

La causa de Vialidad incluye más de 50 obras diferentes. Solo hay un informe hecho por Iguacel, cuando era director de Vialidad en 2016. En ese informe que sólo alcanzó a 5 obras de las totales investigadas, no aparecieron sobreprecios. Pero lo más relevante es que el informe presentado por Iguacel dice textualmente que en las sólo 5 obras auditadas “no se observan deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo en algunos casos puntuales, que fueron detallados en cada obra”. Y agrega: “Los desajustes de certificación de obras observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”.

En pocas palabras, más allá de una serie de irregularidades administrativas, que sin duda debieron haber sido investigadas, no aparece a ciencia cierta que existan obras que fuesen certificadas sin haber sido realizadas; y las que fueron hechas, están bien hechas. Es como si a Cosme Fulanito le hubiesen certificado que las personas que supuestamente estaban muertas, en realidad están vivas. Tal vez eso merezca otra investigación, digamos que Cosme Fulanito no los mató, pero les gritó y los trató mal. Pero homicidio no es el delito por el cual acusar a Cosme. Ni estas obras de Vialidad han sido pagadas sin haber sido construidas. Porque, como  lo vio el mismo Iguacel, hechas están.

El Poder Judicial no ha permitido que la defensa de Cristina Fernández proponga nuevas pruebas, o nuevas auditorías sobre la totalidad de las obras. Menos aún ha permitido que se comparen los precios de estas obras con los precios y tiempos de ejecución de otras obras efectuadas por otras empresas. Así como a Cosme Fulanito lo acusan de homicidio porque una de sus supuestas víctimas dejó de ir a su café habitual sin dejarle probar si por casualidad va a otro café, así mismo pretenden juzgar a Cristina Fernández por la causa Vialidad. Así de ridículo, y así de real.

Y no quiero dejar de contar que uno de los testigos estrella es Leonardo Fariña. Que está siendo investigado en otro juzgado por haber mentido. Una abogada ha declarado que fue ella la que le explicó lo mínimo de obra pública que  necesitaba saber para declarar. No en cualquier causa. En esta causa. La de Vialidad.

Pero no quiero dejar de señalar una curiosa cuestión. Vialidad no solo hizo una denuncia penal. Inicio además una acción civil contra Cristina Fernández. Y en esa acción civil para poder probar el daño reclama la siguiente medida de prueba: “Copia de los Convenios celebrados por la DNV con todas las Provincias (período 2004-2015) para la ejecución de obras en todas las Provincias y montos ejecutados».

Algo similar a lo pedido por la defensa de Cristina Fernández. Porque curiosamente, tanto el acusador como la acusada coinciden en un punto: no se puede probar nada si no se compara con el resto de las obras ejecutadas. Y yo me pregunto entonces, ¿sobreprecios en relación a qué?

Podría seguir contando lo absurdo de esta causa, pero me tengo que ir a Ferro a un acto. Pero sí quiero contar esto. Hace muchos años yo era la abogada de Héctor Timerman en una causa donde lo acusaban de haber hecho un acuerdo espurio con los iraníes para garantizarles impunidad por AMIA.  Durante el período en que se firmó ese acuerdo, quien buscaba que los iraníes pudieran declarar ante el juez argentino que investiga AMIA era el secretario general de Interpol, Ronald Noble. Que cuando se enteró de la acusación contra Cristina Fernández y Héctor Timerman salió rápidamente a desmentirla  y se ofreció a declarar. Hasta la fecha, el Poder Judicial no llamó a declarar a Noble, que es un testigo clave. Aun sin su declaración, elevaron la causa a juicio oral. Sin pruebas. Y Héctor Timerman se murió acusado de una causa absurda, sin que este Poder Judicial le reconociera derecho a defensa.

Yo no soy juez y no puedo afirmar la culpabilidad o la inocencia de nadie. Ni la de Cosme Fulanito. Pero puedo afirmar que sin pruebas no se puede juzgar. Y si se juzga sin pruebas, es un juicio aparente que se hace para dar aspecto de legalidad a lo que es por completo ilegal.

El derecho a defensa claramente incluye la posibilidad de probar lo que decís. Sin prueba no hay defensa posible. Sin defensa posible no hay proceso legal válido. Sin proceso legal válido no hay Justicia. Y sin Justicia, todo lo que hay es horrible.

 Por la Dra Graciana Peñafort, el cohete a la luna